Es una propuesta presentada en la Legislatura, que incluye una asignación estímulo no inferior al salario mínimo, tutores laborales y un plan individual para cada participante. Fija topes de pasantes por entidad y prohíbe usar las prácticas para cubrir puestos permanentes o cumplir el cupo laboral. Contempla sanciones, un registro provincial y asesoramiento para no perder pensiones no contributivas.
Se trata de crear un programa provincial de pasantías educativas para estudiantes con discapacidad, que les permita formarse en entornos reales de trabajo públicos y privados.
La iniciativa fue presentada por la legisladora Ofelia Stupenengo (PRO), quien sostiene en los fundamentos que las personas con discapacidad enfrentan “barreras físicas, comunicacionales, actitudinales, educativas y organizacionales” para acceder y permanecer en el mercado laboral, especialmente al pasar de la formación al empleo.
El texto prevé como participantes a estudiantes regulares mayores de 18 años con Certificado Único de Discapacidad vigente. Como entidades receptoras, incluye a organismos del Ejecutivo provincial y, por adhesión, a otros poderes, municipios, empresas privadas y proveedores del Estado.
La propuesta fija prácticas de entre tres y seis meses, prorrogables una vez hasta doce, con jornadas de hasta 20 horas semanales. Además, dispone que los participantes perciban una asignación estímulo no inferior al salario mínimo, vital y móvil proporcional, y cuenten con un tutor.
Para evitar que las pasantías deriven en rotación o precarización, la autora plantea que sean “un verdadero puente hacia el empleo”. Con ese fin, el proyecto limita al 10% de la dotación de cada entidad la cantidad de pasantes y establece preferencia de contratación, en igualdad de condiciones y mérito, para quienes completen la práctica.
La reforma incorpora también un registro provincial, sanciones por incumplimientos, evaluaciones periódicas y asesoramiento para que participar no implique perder pensiones no contributivas. Si se aprueba, el Ejecutivo tendría 120 días desde la promulgación para reglamentar el programa.
Stupenengo señala que la iniciativa complementa el proyecto 808/2026, sancionado este año para el sector privado, con un abordaje “específico y previo a la contratación laboral”.
