Presentaron un proyecto para recuperar derechos laborales de los empleados de la Legislatura

Un proyecto de ley propone una importante modificación del régimen laboral de los empleados legislativos rionegrinos, con el objetivo de recuperar derechos vinculados a la carrera administrativa, mejorar las categorías salariales y establecer mecanismos de promoción automática.

La iniciativa lleva las firmas de los legisladores Lucas Pica, Facundo López y Juan Elbi Cides (JSRN), quienes plantean reformar distintos artículos de la Ley L Nº 838, que regula el funcionamiento y la estructura del personal del Poder Legislativo provincial.

Entre los principales cambios se destaca la propuesta de reducir de cuatro a tres años el plazo necesario para acceder automáticamente a una categoría superior, además de modificar los puntajes que determinan las remuneraciones de los trabajadores.

Advierten sobre una pérdida de derechos y poder adquisitivo

En los fundamentos del proyecto, los legisladores sostienen que durante las últimas décadas se produjo una pérdida progresiva de jerarquía y participación presupuestaria de los trabajadores de planta permanente dentro de la estructura salarial legislativa.

Según explican, esta situación se desarrolló mientras se ampliaba el escalafón del Personal Superior, integrado por cargos de carácter político.

El documento repasa distintas modificaciones normativas desde 1975 y señala que, mientras se incorporaron nuevas funciones y categorías superiores, los escalafones de los empleados permanentes mantuvieron prácticamente congelada su estructura de puntos porcentuales.

Uno de los datos más preocupantes que menciona el proyecto es que las tres categorías iniciales del personal administrativo se encuentran por debajo del valor de la canasta básica alimentaria, según sostienen sus autores.

También cuestionan que una modificación introducida en 2016 estableciera ascensos cada cuatro años, cuando anteriormente existía un régimen que permitía promociones cada dos años hasta determinada categoría y cada tres años para las superiores.

Ascensos automáticos cada tres años

La reforma propone que los empleados legislativos puedan acceder automáticamente a la categoría inmediata superior una vez cumplidos tres años de permanencia en su puesto.

Para obtener ese beneficio, el trabajador no deberá registrar sanciones disciplinarias que superen los cinco días de suspensión durante ese período.

El sistema también contempla la intervención de la representación gremial y de la Junta de Admisión, Disciplina y Calificación.

Además, el proyecto establece que este mecanismo no será incompatible con otras promociones que puedan corresponder por obtención de títulos, proximidad a la jubilación o decisiones de las autoridades competentes.

Nuevas categorías y mejoras en los puntajes salariales

La iniciativa contempla una reorganización de los escalafones administrativo y técnico, servicio y maestranza, taquígrafos e informática.

Los cambios incluyen la eliminación de determinadas categorías inferiores y la reubicación de los trabajadores en niveles superiores.

Por ejemplo, en el escalafón administrativo y técnico, la categoría inicial pasaría a tener 34 puntos, mientras que actualmente existen categorías de ingreso con valores de 19, 23 y 27 puntos.

En servicio y maestranza, la nueva categoría inicial tendría 28 puntos, frente a los 19 puntos que contempla el nivel más bajo de la estructura vigente.

También se crean categorías superiores con puntajes de hasta 70 para los escalafones administrativo, taquigráfico e informático, y de 60 para servicio y maestranza.

Estas modificaciones apuntan a mejorar la posición relativa de los empleados permanentes dentro de la estructura de remuneraciones legislativas.

Los cambios comenzarían a aplicarse en 2027

El proyecto establece distintas etapas para implementar la reforma.

Las primeras recategorizaciones están previstas para abril de 2027, mientras que una segunda etapa comenzaría en mayo del mismo año.

Por su parte, la nueva estructura general de categorías y puntajes entraría en vigencia en agosto de 2027, con excepciones que permitirían aplicar determinadas reubicaciones de manera inmediata una vez que la ley entre en vigor.

La iniciativa también contempla el reconocimiento de la antigüedad acumulada y establece que los plazos para los futuros ascensos automáticos se computarán desde las recategorizaciones previstas.

Mayor participación de los trabajadores

Otro de los cambios propuestos alcanza a la integración de la Junta de Admisión, Disciplina y Calificaciones.

El organismo incorporaría expresamente a un representante de la Asociación Personal de Empleados Legislativos (APEL), junto con representantes de los sectores administrativo y técnico, y de servicio y maestranza.

Los representantes de los trabajadores serían elegidos mediante voto directo, con mandatos de dos años y posibilidad de reelección.

En los fundamentos, los autores sostienen que la carrera administrativa y la estabilidad laboral constituyen derechos esenciales del empleo público, y consideran necesario establecer reglas previsibles que reconozcan la antigüedad, la experiencia y el desempeño de los agentes.