Los impulsores de la propuesta alertan sobre “el colapso del centro de disposición final de Bariloche, que derivó en sucesivas declaraciones de emergencia ambiental”. La propuesta habilita la conformación voluntaria de organismos intermunicipales, con financiamiento propio y acceso a créditos multilaterales. El texto contempla, además, la creación de una comisión legislativa de seguimiento sobre el nuevo régimen.
“La saturación de los vertederos municipales y la persistencia de basurales a cielo abierto configuran, para buena parte del territorio rionegrino, un pasivo ambiental que ningún municipio logra resolver en soledad”, aseguran los legisladores que presentaron el proyecto de ley. Frente a ese escenario, plantean un régimen jurídico para la constitución voluntaria de entes interjurisdiccionales que gestionen de forma conjunta los residuos sólidos urbanos.
El proyecto lleva la firma de veintiún legisladores de distintos bloques. Encabezan la nómina, del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros, Ayelén Spósito, Magdalena Odarda, Fabián Pilquinao y Luciano Delgado Sempé.
También suscriben, del bloque Partido Justicialista-Nuevo Encuentro, Daniel Belloso, Leandro García, Luis Ivancich y Alejandra Mas.
Completan la lista, desde el PRO, María Laura Frei, Juan Martín, Juan Murillo Ongaro y Ofelia Stupenengo; junto a Patricia Mc Kidd, Gabriela Picotti, Santiago Ibarrolaza, Claudio Doctorovich, Daniel Sanguinetti, Marcela González Abdala, Martina Lacour y César Domínguez.
La medida habilitaría la constitución voluntaria de Entes Interjurisdiccionales GIRSU, integrados por dos o más municipios, comunas o comisiones de fomento, con competencia sobre la reducción, el reciclado, el tratamiento y la disposición final de los residuos, además de la logística regional de traslado, que incluye convenios para el uso de infraestructura ferroviaria provincial cuando resulte técnica, económica y ambientalmente factible.
La iniciativa se ampara en el artículo 229 inciso 10 de la Constitución provincial, que habilita la creación de organismos intermunicipales de cooperación. Según sostienen los autores, “la autonomía municipal no debe entenderse como el derecho al aislamiento” sino como la posibilidad de asociación estratégica entre gobiernos locales.
El financiamiento del sistema se sostiene en los aportes municipales vinculados a la coparticipación, en el Fondo Específico GIRSU previsto en la ley M 5491 y en recursos propios por tasas de servicio. El texto habilita, además, el acceso a créditos de organismos como el BID, el Banco Mundial o la CAF.
El régimen dispone que los entes queden sujetos al control externo del Tribunal de Cuentas provincial. También crea, en el ámbito de la Legislatura, una comisión especial de seguimiento integrada por cinco legisladores, encargada de monitorear la integración municipal, el flujo de fondos y el avance en la erradicación de basurales a cielo abierto.
