Ingresó a la Legislatura provincial una iniciativa que busca prohibir expresamente el ingreso, tenencia y utilización de teléfonos móviles, tablets y el acceso a internet por parte de personas privadas de la libertad en todos los establecimientos penitenciarios.
La propuesta tiene como eje central desarticular la organización de delitos desde las celdas, implementando en su lugar un sistema estricto de comunicaciones institucionales controladas exclusivamente a través de telefonía fija.
El proyecto de ley fue presentado por el legislador César Domínguez (Primero Río Negro), quien plantea en el documento que es imperativo que el Estado “retome el control absoluto sobre los canales de comunicación para proteger a la ciudadanía de estafas, amenazas, extorciones, secuestros y organización criminal”.
Según los fundamentos, la flexibilización otorgada durante la emergencia sanitaria por la pandemia ya no tiene sustento jurídico ni fáctico. Asimismo, el autor subraya que la restricción de estos dispositivos “no es un derecho vulnerado, constituye un arma que se usa para extorsionar, para estafar, para amenazar y hasta organizar secuestros”.
Para asegurar la eficacia de la norma, el Ministerio de Seguridad y Justicia deberá encargarse del bloqueo e inhibición de toda señal de telefonía móvil dentro de los perímetros carcelarios. El nuevo esquema establece que las comunicaciones de los internos estarán restringidas a horarios específicos, durarán un máximo de cinco minutos y estarán mediadas por una operadora.
Como principal medida de prevención para quien recibe la llamada, el proyecto exige que se deba informar obligatoriamente al receptor que la comunicación proviene de una institución carcelaria, brindando además los datos del interno y “un número gratuito para efectuar denuncias ante posibles delitos”.
