Proponen un marco provincial para formar y emplear conductoras mujeres en energía, minería y logística

Prevé becas, gratuidad en capacitaciones y un registro de egresadas para las empresas.
Incluye incentivos para firmas que incorporen mujeres y un informe anual de seguimiento.

La brecha de género en el transporte de cargas, la minería, la logística y la actividad hidrocarburífera es el punto de partida de una iniciativa que plantea un marco provincial para formar, certificar e insertar laboralmente a mujeres en esos sectores.

La autora es la legisladora Aime Kircher (JSRN). En los fundamentos sostiene que “persisten brechas de género en numerosas actividades laborales y productivas”, en especial en las históricamente asociadas a una mayor participación masculina.

Según plantea, la incorporación de mujeres es además “una estrategia necesaria para ampliar y diversificar la disponibilidad de recursos humanos calificados” que, a su entender, demanda el desarrollo productivo rionegrino.

El texto designa a la Secretaría de Trabajo como autoridad de aplicación. Tendría a su cargo diseñar acciones de capacitación, orientación laboral y certificación de competencias, y promover la intermediación con empresas privadas.

La propuesta establece que la formación incluya conducción profesional de camiones y vehículos de gran porte, seguridad vial, mecánica básica y operación en entornos mineros y petroleros.

Para reducir barreras económicas, el proyecto prevé que la autoridad gestione la gratuidad en el acceso a las capacitaciones y otros mecanismos de apoyo. También crea un registro donde pueden inscribirse las mujeres que completen las formaciones, para difundir sus perfiles entre las empresas.

La reforma contempla además incentivos para firmas y organizaciones que favorezcan la incorporación de mujeres, y una invitación a los municipios a adherir. La autoridad de aplicación debe publicar cada año información sobre mujeres capacitadas, certificaciones obtenidas y empresas participantes.

Kircher Castañarez afirma que el esquema funcionaría “sin crear una estructura administrativa específica por vía legislativa”. Entiende que contribuirá a “fortalecer las políticas provinciales de promoción del empleo, la formación profesional y la igualdad de oportunidades”.