Un nuevo proyecto de ley impulsado en la Legislatura de Río Negro propone un giro en las reglas de convivencia y asistencia de las escuelas secundarias, tanto de gestión estatal como privada.
La iniciativa busca derogar la Resolución N° 4617/17 del Consejo Provincial de Educación (CPE), argumentando que dicha norma, al eliminar las consecuencias claras frente al ausentismo, generó un escenario de inasistencias crónicas y dejó a los docentes desprotegidos ante casos de acoso escolar y violencia.
El proyecto, impulsado por los legisladores Patricia Kidd, Gabriela Picotti, Santiago Ibarrolaza y Claudio Doctorovich, crea el Régimen de Asistencia, Responsabilidad y Reparación Educativa (RARRE). Sus autores sostienen que la ausencia total de consecuencias “no favoreció la inclusión educativa, sino que debilitó el sentido de pertenencia y los aprendizajes”.
Límite de faltas
Uno de los cambios más resonantes es el retorno de un límite numérico estricto para las inasistencias. El nuevo régimen establece un tope máximo de 25 faltas justificadas anuales o 20 inasistencias en total (entre justificadas e injustificadas). Además, se detalla que tres llegadas tardías o retiros anticipados equivaldrán a una inasistencia.
Para evitar sorpresas, el sistema prevé notificaciones y acompañamiento progresivo al alcanzar las 10, 15 y 20 faltas. ¿Qué sucede si un alumno supera el límite? Perderá la condición de alumno regular y no accederá a la promoción directa, debiendo cumplir con instancias de acompañamiento y evaluación integradora o acreditar de forma libre. Sin embargo, la ley es clara en su principio rector: ninguna medida implicará la expulsión definitiva del sistema educativo.
Amonestaciones, suspensiones y reparación
El proyecto también reformula el sistema disciplinario ante la preocupante ola de casos de “bullying” y violencia. Introduce el Régimen de Responsabilidad Reparadora Educativa (RRRE), que clasifica las inconductas en tres niveles: leves, graves y muy graves.
Entre las inconductas leves se cuentan el uso inadecuado del celular o el lenguaje irrespetuoso, las cuales se abordarán con llamados de atención o actividades de reflexión. Las situaciones graves, como el daño a bienes, el bullying verificado o la agresión verbal, podrán ser sancionadas con amonestaciones o suspensiones de 1 a 3 días.
Finalmente, casos muy graves como violencia física, amenazas o ciberbullying sostenido, contemplan suspensiones de 4 a 10 días. En situaciones de extrema gravedad, el estudiante podrá ser reubicado transitoriamente en otra institución.
Un dato clave del nuevo régimen –señalan los autores- es que “las amonestaciones impactarán en la asistencia: cada dos amonestaciones se computará una inasistencia injustificada. Durante los días de suspensión, el alumno no podrá ingresar al establecimiento escolar, pero la escuela deberá proveerle tareas y garantizar sus evaluaciones”.
Un enfoque formativo, no puramente punitivo
A pesar de la reincorporación de límites estrictos y suspensiones, los legisladores subrayan que “el sistema no busca ser puramente punitivo. Las intervenciones exigirán medidas reparadoras acordadas con el estudiante, tales como tareas de limpieza o mantenimiento, proyectos solidarios, talleres reflexivos o disculpas formales a los afectados”.
“La normativa prohíbe expresamente las prácticas humillantes o estigmatizantes y aclara que las sanciones de convivencia nunca podrán afectar las calificaciones académicas de los jóvenes”, remarcaron.
