El legislador César Domínguez presentó un proyecto de ley que propone la creación de un Sistema Integral de Control Toxicológico destinado a trabajadores de áreas críticas del sistema de salud, tanto del ámbito público como privado.
La iniciativa establece la realización obligatoria de exámenes toxicológicos preventivos para profesionales y personal que se desempeñen en sectores de alta complejidad, como guardias, terapias intensivas, quirófanos, neonatología y servicios de emergencias. El objetivo central es asegurar que quienes cumplen funciones decisivas en contextos de alta exigencia lo hagan en óptimas condiciones psicofísicas.
El proyecto contempla distintos tipos de controles: al momento del ingreso laboral, de forma aleatoria durante la jornada, ante situaciones de sospecha y luego de eventos críticos como errores médicos o accidentes. No obstante, el texto pone especial énfasis en resguardar la intimidad de los trabajadores, garantizando la confidencialidad de los resultados y el derecho a una contraprueba.
En caso de detectarse un resultado positivo, el trabajador no será sancionado ni desvinculado, sino que será apartado temporalmente de funciones críticas y derivado a un tratamiento especializado, manteniendo la reserva de su puesto laboral. La reincorporación se realizará una vez obtenida el alta médica correspondiente.
Según los fundamentos del proyecto, la medida responde a la necesidad de fortalecer la seguridad del paciente y, al mismo tiempo, abordar de manera temprana posibles situaciones de consumo problemático en un contexto laboral caracterizado por altos niveles de estrés y desgaste profesional.
