Los bloques de legisladores Partido Justicialista–Nuevo Encuentro (PJ–NE) y Vamos con Todos (VcT) presentaron un nuevo proyecto de ley para suspender los cortes o interrupciones de los servicios públicos domiciliarios esenciales —gas natural, energía eléctrica y agua potable— en todo el territorio de la provincia de Río Negro, hasta el 31 de diciembre de 2027.
La iniciativa, denominada “Ley de Garantía de Continuidad en los Servicios Públicos Esenciales”, busca proteger a los hogares rionegrinos en situación de vulnerabilidad social y económica, asegurando el acceso a condiciones mínimas de habitabilidad y dignidad.
El proyecto establece la suspensión de cortes de servicios a usuarios en situación de vulnerabilidad económica que no puedan afrontar el pago; jubilados, pensionados y grupos familiares, con ingresos por debajo de la canasta básica; y hogares que tengan a cargo personas con discapacidad.
El beneficio se aplicará a quienes habiten una vivienda única familiar, independientemente de la titularidad del servicio, y podrá solicitarse mediante una declaración jurada ante las empresas prestatarias, de forma presencial o digital.
Las prestadoras deberán otorgar planes de pago accesibles, que no superen el 20% del valor de la factura de mayor consumo, y en caso de cortes previos, estarán obligadas a restablecer el suministro dentro de las 48 horas, sin costos de reconexión.
La Agencia de Recaudación Tributaria será la autoridad de aplicación, con facultades para intervenir ante negativas injustificadas de las empresas y aplicar multas diarias de $50.000 hasta que se garantice el acceso al beneficio. Asimismo, se dispone una amplia campaña de difusión por parte de la Legislatura, la Agencia y las empresas prestatarias para asegurar que la población conozca sus derechos.
Los legisladores destacaron que la propuesta amplía y actualiza los alcances de la histórica Ley N° 4395, sancionada en 2009 -por iniciativa de la Legisladora Magdalena Odarda- y prorrogada en distintas oportunidades, la última hasta diciembre de 2025.
Según los fundamentos, el contexto actual de bajos ingresos, subempleo y aumento del costo de vida “vuelve urgente garantizar el acceso ininterrumpido a los servicios básicos para evitar que la crisis económica derive en una crisis humanitaria”.
La iniciativa es resultado del trabajo conjunto con la Asamblea de Jubilados y Jubiladas de Bariloche, que desde hace años impulsa medidas de protección para los sectores más vulnerables frente a los cortes de servicios públicos.
