✍️ Por Pedro Pesatti (*)
La sanción de la Ley 4738 representó una decisión política de alto riesgo y profunda responsabilidad institucional. Con ella, Río Negro eligió abandonar el prohibicionismo para recuperar la capacidad del Estado de planificar, regular y conducir el desarrollo de una actividad históricamente ligada a la identidad productiva de la provincia. Al aprobar esa norma, la Legislatura asumió que gobernar los recursos naturales exige reglas claras, control efectivo y una presencia estatal activa: capaz de armonizar el cuidado ambiental con la generación de trabajo y el desarrollo sostenido.
Me refiero, por supuesto, a la actividad minera —aquella que, en la década de los setenta, por iniciativa del gobernador Castello una década antes, convirtió a la provincia en líder nacional del sector con la explotación del yacimiento de hierro de Sierra Grande.
En los últimos días de 2011, bajo la iniciativa del gobernador recientemente asumido Carlos Soria, la Legislatura sancionó una norma que creó el Consejo Provincial de Evaluación Ambiental Minera (Co.P.E.A.M.) y derogó, con las garantías del nuevo instrumento legal, las prohibiciones que impedían el aprovechamiento integral de nuestros recursos. El fundamento no era menor: el verdadero desastre ambiental lo produce la minería cuando opera sin un marco legal que discipline y controle sus procesos. La ley que en su momento estableció prohibiciones no debe leerse como una antítesis, sino como un argumento dentro de una dialéctica cuya síntesis fue, precisamente, la norma 4738.
El dictado de esta ley fue, sin lugar a dudas, el resultado de una visión clara sobre el rol del Estado. Desde nuestro bloque —integrado por legisladores del peronismo y del Frente Grande— sostuvimos que la prohibición absoluta equivalía a la confesión de un Estado incapaz de conducir a la provincia por el camino del aprovechamiento racional de sus recursos. Propusimos, en cambio, un Estado activo y fiscalizador: uno que pudiera garantizar el cuidado ambiental y, al mismo tiempo, generar trabajo genuino para la Región Sur, la más rica de la provincia en recursos minerales, pero también la más postergada en términos de desarrollo efectivo.
El proceso legislativo, conducido por nuestro bloque con determinación y convicción, se consolidó con el voto de los legisladores Carlos Peralta, César Miguel, Arabela Carreras, Rubén Torres, Ricardo Arroyo, Irma Banega, Jorge Barragán, Luis Bartorelli, Marcos Catalán, Beatriz Contreras, Norma Dellapitima, Susana Diéguez, Martín Doñate, Luis Esquivel, Roxana Fernández, Juan Domingo Garrone, María Liliana Gemignani, Silvia Horne, Rubén Héctor López, Alejandro Marinao, Silvia Paz, Viviana Pereira, Sandra Recalt, Ariel Rivero, Lidia Sgrablich, Roberto Vargas, Carlos Vazzana, Ángela Vicidomini y quien suscribe.
Con sus argumentos —con matices entre unos y otros, pero siempre con la voluntad de aportar al debate, y a quienes guardo respeto— se opusieron quince legisladores: Bautista Mendioroz, Leonardo Ballester, Adrián Casadei, Daniela Agostino, Darío Berardi, Alejandro Betelu, Héctor Funes, Matías Gómez Ricca, Francisco González, Facundo López, Alfredo Pega, Cristina Uría, Magdalena Odarda, Claudio Lueiro y Ricardo Ledo. Hubo también dos ausencias.
Es necesario recordar que esta decisión desencadenó, de inmediato, una virulenta campaña de escrache. Quienes votamos a favor de la ley fuimos blancos de esa acción: nuestros rostros aparecieron en plazas y en la vía pública, en afiches con leyendas agraviantes, mientras sufríamos agresiones que buscaban quebrar nuestra voluntad y construir un foco de confrontación con el nuevo gobierno. Tres días después de la sanción de la ley, ese gobierno perdió trágicamente al gobernador Carlos Soria.
Soportamos la hostilidad de aquellos días porque sabíamos que el tiempo pondría las cosas en su lugar. La firmeza de ayer es la realidad de hoy. La historia ha validado nuestro camino. Aquella ley fue el puntapié inicial para que la provincia recuperara su tradición minera, fortaleciera sus procesos de integración y desarrollo, y le diera a la Región Sur un horizonte concreto de progreso.
(*) Vicegobernador de Río Negro
