La legisladora Magdalena Odarda (Vamos con Todos) presentó un proyecto de ley que busca prohibir de manera definitiva la instalación, habilitación y funcionamiento de los cotos de caza en todo el territorio provincial.
La iniciativa propone un profundo cambio de paradigma jurídico, pasando de una visión “antropocéntrica” a una “ecocéntrica”, donde se respete a los animales como individuos valiosos y “seres sintientes”, en lugar de considerarlos meros objetos económicos o de entretenimiento.
“La tortura no es arte ni cultura”, subraya el documento en sus fundamentos, destacando que los cotos de caza promueven la mercantilización de la vida silvestre y se apartan de los principios del nuevo derecho animal.
En la actualidad, Río Negro cuenta con 14 establecimientos habilitados para la caza deportiva, los cuales conforman un exclusivo circuito de turismo cinegético a nivel internacional.
Odarda resalta que “en estos recintos privados, la matanza de fauna silvestre para obtener ´trofeos’ mueve cifras exorbitantes, llegándose a abonar sumas de hasta 3.500 euros por pieza cazada”.
Uno de los puntos más críticos que señala el proyecto es “la grave desproporción entre la magnitud de este lucrativo negocio y la limitada capacidad de control del Estado”.
Según información oficial remitida por la Subsecretaría de Fauna –que menciona Odarda- la provincia “dispone de tan solo cinco guardafaunas y tres vehículos para fiscalizar no solo estos 14 cotos, sino también el conjunto de las áreas naturales protegidas. Esta falta de fiscalización incrementa significativamente el riesgo de maltrato animal y pone en peligro a especies protegidas que habitan la región, como el Huemul, el Pudú y el Puma”.
El texto legislativo cuestiona directamente la legalidad del aprovechamiento privado de la fauna silvestre, recordando que “esta constituye un bien natural común que pertenece a toda la sociedad”. Además, remarca que “habilitar actividades que implican un sufrimiento innecesario contradice los avances en materia de protección animal”.
En sus conclusiones, la autora del proyecto sostiene que prohibir estos establecimientos “es una medida razonable y necesaria para garantizar la protección integral de la biodiversidad y fomentar una cultura de paz, argumentando que matar por diversión y premiar con la cabeza de un animal no humano fomenta un patrón de violencia incompatible con la sociedad actual”.
