Ingresó a la Legislatura de Río Negro un proyecto de ley que propone incorporar el concepto de “privación de libertad digital” al sistema penal provincial, con el objetivo de restringir el uso de teléfonos celulares, internet y redes sociales dentro de las cárceles.
La iniciativa, presentada por el bloque Pro Unión Republicana y que todavía no comenzó a debatirse, plantea modificar el Código Procesal Penal para establecer que la privación de libertad no solo implique el encierro físico, sino también la limitación del acceso a dispositivos tecnológicos que puedan utilizarse para cometer delitos.
En los fundamentos, el proyecto sostiene que actualmente muchas organizaciones criminales continúan operando desde unidades penitenciarias mediante celulares e internet, a través de estafas telefónicas, extorsiones, amenazas y otras maniobras delictivas.
También menciona antecedentes registrados en Río Negro, como casos de internos acusados de liderar estafas desde prisión y recientes secuestros de celulares y chips dentro de establecimientos penitenciarios.
La propuesta aclara que las comunicaciones con familiares, abogados y autoridades judiciales seguirán garantizadas, aunque mediante sistemas controlados por el Servicio Penitenciario.
El proyecto deberá ahora iniciar su tratamiento legislativo en comisiones antes de llegar al recinto.
Esta iniciativa se suma a la presentada por el legislador César Domínguez (Primero Río Negro) que propone prohibir expresamente el ingreso, tenencia y utilización de teléfonos móviles, tablets y el acceso a internet por parte de personas privadas de la libertad en todos los establecimientos penitenciarios.
La propuesta tiene como eje central desarticular la organización de delitos desde las celdas, implementando en su lugar un sistema estricto de comunicaciones institucionales controladas exclusivamente a través de telefonía fija.
Según los fundamentos, la flexibilización otorgada durante la emergencia sanitaria por la pandemia ya no tiene sustento jurídico ni fáctico. Asimismo, el autor subraya que la restricción de estos dispositivos “no es un derecho vulnerado, constituye un arma que se usa para extorsionar, para estafar, para amenazar y hasta organizar secuestros”.
Para asegurar la eficacia de la norma, el Ministerio de Seguridad y Justicia deberá encargarse del bloqueo e inhibición de toda señal de telefonía móvil dentro de los perímetros carcelarios. El nuevo esquema establece que las comunicaciones de los internos estarán restringidas a horarios específicos, durarán un máximo de cinco minutos y estarán mediadas por una operadora.
Como principal medida de prevención para quien recibe la llamada, el proyecto exige que se deba informar obligatoriamente al receptor que la comunicación proviene de una institución carcelaria, brindando además los datos del interno y “un número gratuito para efectuar denuncias ante posibles delitos”.
