Los megaproyectos energéticos vinculados a Vaca Muerta y la actividad portuaria del Golfo San Matías reactivaron el debate sobre la capacidad de respuesta judicial en la zona atlántica.
Una nueva fiscalía compartiría la carga de causas con la actual dependencia de San Antonio Oeste. La propuesta apunta a delitos económicos, laborales y vinculados al narcomenudeo.
Los megaproyectos energéticos vinculados a Vaca Muerta, la actividad portuaria en el Golfo San Matías y el turismo estacional en Las Grutas transformaron la matriz económica y demográfica de San Antonio Oeste. El aumento de la población y de la conflictividad social derivó en una propuesta legislativa para sumar una segunda fiscalía penal en la localidad.
La iniciativa lleva la firma del legislador César Domínguez y plantea la creación de una fiscalía con asiento en San Antonio Oeste, en los términos del artículo 23 inciso e) de la ley K nº 4199. Según el texto, la nueva dependencia funcionaría en la sede de la actual fiscalía descentralizada de la localidad.
Los fundamentos señalan que “los primeros meses del año la fiscalía local recibió más de mil legajos penales”, la mayoría por delitos contra la propiedad. Para paliar la demanda, el Fiscal General dispuso una distribución provisoria de causas, con los casos de mayor impacto derivados a fiscales de Viedma.
Con una sola fiscalía en funcionamiento, el fiscal titular y su adjunto deben mantener un “turno permanente de manera semanal”. La propuesta plantea que una segunda dependencia permitiría la alternancia de turnos y garantizaría tiempo procesal para litigar las causas que llegan a juicio.
El texto también prevé una redistribución de competencias por materia, entre ellas delitos contra la propiedad, de género y ambientales. Además, describe un escenario de mayor litigiosidad vinculado a “delitos económicos complejos” como estafas, defraudaciones y usurpaciones de terrenos, junto con riesgos de narcomenudeo y contrabando por la actividad portuaria.
El proyecto establece que el financiamiento se cubrirá con recursos de Rentas Generales y faculta al Ministerio de Hacienda a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias. Su organización y puesta en marcha quedarán a cargo del Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General.
