La iniciativa apunta a estudiantes y docentes de establecimientos estatales, con prioridad para los sectores de mayor vulnerabilidad socioeconómica. El esquema contempla conectividad, capacitación docente y mantenimiento de los equipos como parte de una política sostenida en el tiempo. El financiamiento se apoyaría en recursos propios de la Provincia.
La propuesta es de Magdalena Odarda (Vamos con Todos), quien fundamenta su iniciativa en la desigualdad en el acceso a dispositivos tecnológicos entre estudiantes de distintas zonas de Río Negro. La legisladora plantea la creación de un esquema permanente de entrega de computadoras portátiles para la educación pública provincial.
Se trata del Programa Provincial “Conectar Igualdad Maestra Mónica Almirón”, destinado a estudiantes y docentes de escuelas secundarias públicas, educación especial, educación de adultos e institutos de formación cooperativa, laboral y docente.
Según el texto, el programa prioriza a quienes concurren a establecimientos de gestión estatal y a los sectores en mayor situación de vulnerabilidad. También prevé la entrega de servidores, enrutadores y mobiliario de guarda, junto con sistemas de conectividad inalámbrica segura en cada escuela.
De aprobarse la propuesta, cada estudiante y docente destinatario recibiría una computadora portátil única e intransferible, conforme al esquema de asignación previsto en el texto legislativo.
Los fundamentos remarcan que la sola distribución de equipos no basta para modificar las prácticas de enseñanza: “la tecnología, por sí sola, no transforma las prácticas educativas”, sostiene el escrito, que pone el acento en la capacitación docente y el acompañamiento pedagógico.
El nombre del programa recuerda a Mónica Almirón, maestra rionegrina secuestrada en 1977 junto a su compañero Enzo Lauroni, mientras ejercía en una escuela rural de la zona de Cipolletti, y desaparecida desde entonces.
El financiamiento del programa surge de Rentas Generales de la Provincia y se incorporaría al Presupuesto General de Gastos y Recursos, de acuerdo con lo que dispone la propuesta. El proyecto designa al Ministerio de Educación y Derechos Humanos como autoridad de aplicación, con la tarea de promover acuerdos con universidades, municipios y el sindicato docente UnTER.
