La iniciativa lleva el nombre de una adolescente bonaerense que murió tras la difusión no consentida de imágenes íntimas suyas. El texto crea un programa de prevención dentro del sistema educativo provincial, con capacitación docente y protocolos de actuación. Su alcance comprende a estudiantes, familias e instituciones de gestión pública y privada de toda la provincia.
En agosto de 2024, una adolescente de la provincia de Buenos Aires de casi 16 años se quitó la vida luego de que se viralizaran sin su consentimiento imágenes íntimas suyas en el colegio al que asistía. Aquel caso, conocido públicamente como el de Ema, es el punto de partida de una propuesta legislativa presentada en la Legislatura de Río Negro, que plantea la creación de un programa provincial para prevenir la violencia digital en los ámbitos educativos.
El proyecto de ley lleva la firma del legislador Leandro García (PJ-NE), quien retoma para la provincia el recorrido iniciado a nivel nacional por la diputada Mónica Macha con la denominada Ley Ema. Según sus fundamentos, la propuesta busca dar respuesta a “una problemática que requiere especial atención” frente a la masividad de los entornos digitales y sus riesgos para niñas, niños y adolescentes.
La iniciativa dispone la creación del Programa Provincial de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos, bajo la órbita del Ministerio de Educación y Derechos Humanos y con intervención de los Consejos Escolares. Su objeto es establecer políticas, acciones y herramientas para garantizar entornos digitales libres de violencia en todos los niveles del sistema educativo.
El texto alcanza a docentes, estudiantes y familias de todos los establecimientos educativos de la provincia, tanto de gestión pública como privada, con especial atención en la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. La definición de violencia digital que incorpora el articulado abarca desde la difusión no consentida de material íntimo —incluido el generado con inteligencia artificial— hasta el acoso, la extorsión y el robo de datos personales por medios tecnológicos.
Entre sus disposiciones, la propuesta prevé la incorporación de contenidos curriculares sobre uso responsable de las tecnologías y protección de datos personales, en articulación con la Educación Sexual Integral. También establece la capacitación obligatoria y permanente de docentes y equipos directivos, y la elaboración de protocolos para la detección, contención y derivación de casos de violencia digital, en coordinación con el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
