Lo proponen en un proyecto de ley. El texto abarca a los tres Poderes y a los Órganos de Control de la provincia. Fija contenidos mínimos que van del reconocimiento del paro al uso del desfibrilador. Había perdido vigencia parlamentaria por caducidad.
El objetivo es que quienes trabajan en el Estado rionegrino sepan cómo actuar ante un paro cardiorrespiratorio es el eje de un proyecto de ley que instituye la capacitación obligatoria en técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) en los tres poderes y en los órganos de control.
La iniciativa fue presentada por la legisladora Ofelia Stupenengo (PRO), quien sostiene en los fundamentos que el paro cardiorrespiratorio es una emergencia “tiempo-dependiente”, en la que “los primeros instantes resultan determinantes para las posibilidades de sobrevida”.
El proyecto establece la capacitación para los agentes de los organismos dependientes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de los órganos de control de la provincia.
Prevé que la formación contemple, como mínimo, el reconocimiento de un paro cardiorrespiratorio, la activación del sistema de emergencias, las maniobras básicas de RCP y, cuando corresponda, el uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA).
Según la autora, las enfermedades cardiovasculares “constituyen una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial” y las acciones iniciales ante un paro “dependen de la capacidad de reacción de las personas que se encuentran presentes en el lugar del hecho”.
En los fundamentos, la legisladora vincula la propuesta con la Ley Nacional 26835, sobre promoción y capacitación en técnicas básicas de RCP, y con la Ley F 4858, que incorpora esas técnicas en el nivel secundario.
Aun así, considera “necesario continuar ampliando las estrategias de capacitación y extenderlas a otros ámbitos de la sociedad”.
El texto contempla que el Poder Ejecutivo realice las adecuaciones presupuestarias necesarias para la implementación e invita a municipios y comisionados de fomento a adherir, en la medida de sus competencias.
Stupenengo aclara que la iniciativa ingresó originalmente en 2024, bajo el expediente 934, y que se presenta nuevamente porque había entrado en caducidad.
