Se trata de un proyecto de ley que establece un marco jurídico para las entidades que otorgan créditos a los agentes públicos provinciales. Exige transparentar los contratos y fija un tope máximo al costo financiero para prevenir el sobreendeudamiento. El control sobre estos cobros busca asegurar que el Estado proteja el salario al actuar como agente de retención.
Según los autores, el mecanismo de cobro directo sobre los sueldos de la Administración Pública Provincial exige un esquema de control institucional. La iniciativa propone regular las condiciones que deben cumplir las entidades crediticias para utilizar el sistema estatal de deducciones. La propuesta estipula requisitos objetivos para salvaguardar los ingresos de los trabajadores.
Es impulsada por Leandro García (PJ-NE), Alejandra Mas (PJ-NE), Daniel Belloso (PJ-NE), Luis Ivancich (PJ-NE) y Pedro Dantas (PJ-NE). Los legisladores argumentan que la participación activa del gobierno en las retenciones salariales genera un deber de actuar con transparencia y diligencia.
En sus fundamentos, el texto legislativo advierte que “el sistema no puede concebirse como un mero trámite administrativo carente de controles”. La autorización para operar mediante estos descuentos se define como una prerrogativa gubernamental y no como un derecho adquirido de las prestadoras.
Para acceder o permanecer en el régimen, la propuesta exige que las entidades detallen el contenido íntegro de sus contratos. Esto obliga a informar de manera explícita el sistema de amortización, el monto total financiado, la cantidad de cuotas y las tasas aplicadas.
Asimismo, el texto dispone que la autoridad de aplicación solo habilitará deducciones para aquellas operaciones cuyo Costo Financiero Total respete un parámetro de referencia específico. Dicho límite se establecerá tomando como base indicadores objetivos del mercado.
Si el proyecto se aprueba, el Estado provincial evitaría facilitar el cobro automático de préstamos con costos desproporcionados. De este modo, la retención salarial limitaría aquellas prácticas crediticias que actualmente resultan perjudiciales para los empleados.
La propuesta exige que los descuentos salariales cuenten con la autorización expresa, escrita e individual del agente público. Asimismo, la iniciativa prevé la creación de un Registro Provincial de entidades autorizadas que será público, gratuito y de acceso digital.
El proyecto estipula que la autoridad de aplicación debe publicar de forma permanente el listado de prestadoras habilitadas, las tasas vigentes y el Costo Financiero Total. La medida contempla también la difusión obligatoria de las sanciones, suspensiones y revocaciones aplicadas a las firmas crediticias.
El texto procura “generar un sistema más equilibrado, transparente y responsable”, tal como afirman sus redactores. El objetivo radica en preservar la libertad de contratación de los particulares sin comprometer la responsabilidad del sector público en la protección del salario.
