Por Pedro Pesatti
Hay derrotas que se producen lentamente, entre expedientes, decretos, errores, omisiones y silencios administrativos. Sin embargo, pese a la aparente ingravidez de esos procesos, sus consecuencias pueden condicionar durante generaciones el destino de una comunidad, e incluso para siempre. Algo así sucedió con la pérdida territorial que sufrió Río Negro en favor de Neuquén. Una derrota imperceptible para la comunidad, cuya verdadera dimensión se hace más evidente en el contexto del tiempo actual.
La fuente principal de estas reflexiones es La provincia perdida (1996), del escritor y político Pablo Fermín Oreja, una investigación imprescindible para comprender uno de los episodios más trascendentes —y menos conocidos— de la historia institucional rionegrina.
Oreja, uno de los hombres más importantes en los momentos de nuestra organización como Estado provincial, reconstruye, en uno de los capítulos de su libro, apoyándose en leyes, decretos, antecedentes constitucionales, mapas y documentos oficiales, una secuencia histórica que jamás ocupó la centralidad que ameritaba en el debate público. Y no es para menos: Río Negro perdió parte de su territorio durante la dictadura de Onganía, sin despertar una acción proporcional al daño causado, capaz de revertir las consecuencias del decreto-ley del gobierno de facto que consolidó el error, voluntario o no, en la traza de un límite meridional que se remontaba a los tiempos de los antiguos territorios nacionales.
Según demuestra el autor, el trazado incorrecto del meridiano 10° Oeste permitió que Neuquén afirmara la posesión de aproximadamente 1.976 kilómetros cuadrados que históricamente pertenecían a Río Negro: un sector ubicado en el extremo noroeste de la provincia, entre los ríos Colorado y Neuquén, incorporado luego al área de mayor desarrollo hidrocarburífero de la Cuenca Neuquina.
Cuando Oreja publicó su libro, y mucho antes, en los albores de la organización provincial, cuando fue una de las voces más nítidas sobre este asunto, aquella controversia todavía podía parecer una mera discusión limítrofe entre provincias vecinas. Hoy, el tiempo reveló algo muy distinto. Sobre esos territorios se asentó una parte significativa del desarrollo energético más importante de la Argentina. Allí, donde muchos vieron únicamente una línea en el mapa, los geólogos e ingenieros descubrieron petróleo, gas y sus derivaciones: regalías, infraestructura, empleo, conocimiento tecnológico e inversiones por miles de millones de dólares. El transcurso de las décadas, por último, terminó asignándole un valor extraordinario a un territorio cuya importancia Río Negro no supo dimensionar a tiempo.
No puede omitirse, sin embargo, el lugar que esta cuestión ocupó en la agenda del gobernador Mario José Franco y, especialmente, de su ministro de Gobierno, el doctor Jorge Félix Frías. Su paso por la administración provincial quedó abruptamente interrumpido con el golpe de Estado de 1976 y, con él, también se truncaron las políticas que venían impulsándose para revitalizar el reclamo por ese diferendo, cuando aún era relativamente reciente la decisión adoptada durante la dictadura encabezada por el general Onganía, principal responsable político de la norma que favoreció a Neuquén y consolidó una situación territorial profundamente lesiva para los intereses de Río Negro.
Con todo, el verdadero aporte del libro de Oreja —oriundo de General Conesa y convencional constituyente en 1957 por General Roca— no consiste solamente en demostrar qué territorio perdió Río Negro, sino en ayudarnos a comprender por qué lo perdió.
Quienes me conocen saben de mi identificación con la filosofía de la historia de Hegel. Existe, en torno a la política, una vieja ilusión: la creencia de que son los grandes dirigentes quienes hacen la historia, quienes la cambian y quienes, con soberbia, postulan poder transformarla de raíz. Hegel habría sonreído ante esos espíritus dominados por el ego. Los hombres no crean arbitrariamente los procesos históricos; son los procesos históricos los que interpelan a los hombres. La grandeza de un dirigente consiste, entonces, en comprender el tiempo que le toca vivir, dejarse atravesar por la realidad de su época y, sobre todo, organizar políticamente a la sociedad para responder a sus desafíos.
Ese fue, creo, el gran déficit de la dirigencia rionegrina, más allá de las excepciones que felizmente siempre existen. Durante décadas nos gobernamos como si cada administración pudiera inaugurar una época nueva; como si el talento individual bastara para reemplazar una estrategia colectiva; como si los liderazgos personales pudieran suplir la ausencia de instituciones capaces de pensar el largo plazo. Confundimos proyecto de poder con proyecto político y, en buena medida, continuamos haciéndolo. Imaginamos que bastan hombres brillantes cuando, en realidad, lo que la historia exige son instituciones empoderadas, persistentes y preparadas para interpretar el porvenir.
Neuquén recorrió exactamente el camino inverso. Comprendió que el descubrimiento de los hidrocarburos modificaría para siempre el destino económico del norte patagónico y, en lugar de limitarse a administrar esa oportunidad, decidió construir una provincia preparada para aprovecharla. Creó instituciones destinadas a pensarse a sí misma. El Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (COPADE) fue concebido como una herramienta permanente de planificación estratégica, capaz de proyectar políticas públicas más allá de los cambios de gobierno. Al mismo tiempo, impulsó la creación de la Universidad Nacional del Comahue, que no solo formó profesionales, sino que se convirtió en uno de los principales centros de producción de conocimiento científico y técnico de toda la región.
Una institución pensaba el futuro; la otra preparaba a quienes debían construirlo. Y, finalmente, Neuquén formó una verdadera dirigencia provincial. Así pudo consolidarse eso que sus actores de la actualidad llaman la “neuquinidad”: una síntesis que, en una sola palabra, expresa la institucionalización de un proyecto de provincia concebido hace más de sesenta años.
De ese modo fue afianzándose una continuidad política poco frecuente en la Argentina. Cambiaban los gobiernos, pero permanecía una dirección estratégica. Esa persistencia permitió que Neuquén concentrara organismos nacionales, empresas energéticas, servicios especializados, centros financieros, infraestructura, investigación científica y capacidad de decisión. Con el paso del tiempo ocurrió algo que hoy parece natural, pero que fue cuidadosamente construido: Neuquén se transformó, en los hechos, en la capital no declarada del noroeste patagónico y de la región del Comahue, concebida a la medida de los intereses neuquinos, ejerciendo un liderazgo económico y político sobre un espacio que comprende todo el Alto Valle de Río Negro y Neuquén.
Sería injusto, no obstante, afirmar que en Río Negro nadie advirtió el problema. El propio Oreja recuerda que el gobernador Edgardo Castello promovió el trazado correcto del límite meridional mediante el decreto 1835 del 10 de agosto de 1961. El mismo Oreja presentó en 1964, como diputado nacional, un proyecto de ley destinado a restablecer el límite histórico entre ambas provincias.
Todos esos esfuerzos merecen reconocimiento. Pero también ponen de manifiesto la diferencia decisiva entre ambas provincias. En Río Negro aparecieron dirigentes lúcidos; en Neuquén surgieron instituciones capaces de convertir esa lucidez en una política de largo aliento. Mientras nosotros acumulábamos iniciativas individuales, Neuquén construía una política de Estado en todos los frentes.
Por eso La provincia perdida, de Pablo Fermín Oreja, trasciende largamente la discusión sobre un límite interprovincial. Es, ante todo, una extraordinaria reflexión sobre los costos que pagan las sociedades cuando dejan de pensar históricamente. Por ello, la mayor derrota de Río Negro no fue solamente haber resignado cerca de dos mil kilómetros cuadrados que hoy contienen una riqueza hidrocarburífera inmensa. Fue haber perdido la capacidad de comprender hacia dónde se desplazaba el eje económico de la Patagonia y, con el paso del tiempo, haber perdido incluso la memoria de esa derrota.
Tal vez allí resida la enseñanza más profunda. Las provincias no se desarrollan porque ocasionalmente aparezcan dirigentes brillantes. Se desarrollan cuando construyen instituciones capaces de interpretar la historia, ordenar sus recursos, formar cuadros políticos en el pensamiento crítico y estratégico, sostener una dirección y proyectar un destino colectivo durante generaciones.
Porque, como enseñó Hegel, la historia siempre termina imponiéndose sobre quienes creen que pueden ignorarla. Y porque, como demuestra Pablo Fermín Oreja en La provincia perdida, los pueblos no solo pierden territorio cuando otro ocupa sus tierras: también lo pierden cuando dejan de ocupar su verdadero tiempo histórico o se resignan al pragmatismo estéril de las conveniencias coyunturales. Como ejemplo, basta calcular el valor económico que hoy representan los hidrocarburos extraídos de esa franja territorial para dimensionar, de una vez por todas, lo que puede perder una comunidad cuando sus dirigentes actúan sin perspectiva histórica, y 3 segundos o 30 años pueden resultar lo mismo si, en términos electorales, confundir un tiempo con otro les sirve para construir la hegemonía de sus proyectos personales.
