Acoso escolar: contravenciones para adultos que incumplan medidas de acompañamiento

Un proyecto que alcanza a escuelas estatales y de gestión privada, social o cooperativa de todos los niveles. Establece el 2 de mayo como Día Provincial de la Lucha contra el Acoso Escolar. Prevé protocolos de actuación, formación del personal educativo y medidas restaurativas.

Las conductas reiteradas de hostigamiento, intimidación, exclusión o humillación entre estudiantes, ya sea en el aula o a través de redes sociales, mensajería y videojuegos en línea, son el eje de un proyecto de ley que regula su prevención, detección, abordaje y cese en las instituciones educativas rionegrinas.

La propuesta fue presentada por los legisladores de Juntos Somos Río negro, Facundo López, Maricel Cévoli y Lucas Pica. En los fundamentos, los autores señalan que el acoso entre pares “requiere herramientas específicas de prevención, detección, abordaje y cese” y que no se limita a situaciones aisladas de conflictividad.

El texto alcanza a establecimientos estatales y a los de gestión privada, social o cooperativa, en todos los niveles y modalidades. Según los autores, la iniciativa “fortalece el sistema vigente” y complementa el marco nacional de convivencia escolar, sin crear estructuras administrativas paralelas.

El proyecto contempla protocolos con detección temprana, medidas inmediatas para el cese del acoso, acompañamiento a las familias y estrategias educativas y restaurativas. Las medidas para estudiantes deben respetar la gradualidad y la proporcionalidad, y no afectar su trayectoria educativa.

Cuando se requiera una conducta de las personas adultas responsables, el texto establece que las medidas son de cumplimiento obligatorio. Pueden consistir en concurrir a reuniones en la escuela, garantizar acompañamiento terapéutico, realizar acciones de reparación o asistir a talleres.

En el Código Contravencional, la iniciativa incorpora el artículo 46 bis, que considera punible a la persona adulta responsable que, notificada de esas medidas por las autoridades escolares, no las cumpla. Si el estudiante es mayor de edad, la responsabilidad es directa de él, y la contravención es de acción pública.

Los autores aclaran que esa responsabilidad “se funda exclusivamente en la conducta propia de la persona adulta” y no en los actos de niñas, niños o adolescentes a su cargo.

El proyecto fija además actividades de concientización cada 2 de mayo en las escuelas y dispone que el Poder Ejecutivo reglamente el régimen dentro de los 90 días desde su publicación.