Por Magdalena Odarda
Legisladora Vamos con Todos
En el día de ayer denuncié al Gobierno Nacional y al Gobierno de Río Negro por habilitar a compañías británicas (sancionadas por operar ilegalmente en nuestra Islas Malvinas) a realizar negocios con hidrocarburos en el Golfo San Matías, otorgando luz verde para permitir que se lleven una incalculable renta petrolera fuera del país en el marco de los privilegios del RIGI.
Este ataque a la soberanía argentina se desarrolla poniendo en riesgo no solo la maravillosa biodiversidad marina, sino miles de puestos de trabajo ligados al turismo y a la pesca, a causa del peligro que subyace en este tipo de emprendimientos. Al no estar garantizadas las medidas de seguridad, cualquier incidente ambiental como una fuga de gas o el vertido de desechos tóxicos en las aguas más puras de la costa atlántica, pueden terminar con nuestro Golfo más azul del Continente.
En función de ello, entendí que era mi deber como legisladora de esta provincia presentar formalmente una denuncia en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) contra la secretaria de Energía de la Nación, María Carmen Tettamanti, para que se investiguen posibles hechos de corrupción en la autorización otorgada al consorcio Southern Energy, conformado -entre otras- por Harbour Energy, la cual en realidad es la empresa Premier Oil, denunciada y sancionada por el Juzgado Federal de Tierra del Fuego por operar sin autorización de la República Argentina en nuestras aguas soberanas.
Ambos gobiernos, de ninguna manera pueden alegar desconocimiento del fraude a la ley argentina que esta operación llevada a cabo por la firma británica habría implicado en función de las múltiples denuncias públicas que desde hace meses se conocen.
Entonces cabe preguntarse, ¿Si se sabía que en realidad HARBOUR ENERGY es PREMIER OIL, porque avanzaron con las autorizaciones al más alto nivel ministerial con una sospechosa velocidad?
Mi denuncia se basa en el informe de investigación a cargo de Alejandro Pairone de TIEMPO ARGENTINO. No se trata de una simple expresión tirada al viento: lo probé con documentos oficiales: Según Companies House -el registro de sociedades del Reino Unido- Harbour Energy y Premier Oil comparten el mismo número de registro que acompaña a las empresas desde su nacimiento hasta su disolución (SC234781). Aporté también publicaciones del Boletín Oficial argentino que demuestran que Harbour Energy es simplemente un vehículo de inversiones de Premier Oil Holdings Limited.
En abril y en agosto pasado, Tettamanti firmó resoluciones que autorizan la libre exportación de Gas Natural Licuado (GNL) desde el Golfo San Matías a este grupo empresario. Al unísono, el gobierno de Alberto Wereltilneck hizo lo propio en abierta contradicción con la Ley 26.659
El artículo 5° de la mencionada norma que se encuentra en plena vigencia, establece que “El Estado nacional, los estados provinciales y municipales no podrán contratar con personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, sus controladas o accionistas que en forma directa o indirecta desarrollen actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina, sin haber obtenido habilitaciones para realizar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos emitida por autoridad competente argentina.
No sólo estamos ante una flagrante violación a la soberanía nacional. También se trata de una operación que podría configurar un caso de corrupción, dadas las magnitudes millonarias de inversión que hay en juego.
Es inadmisible que se habilite a las mismas empresas que en las Islas Malvinas actuaron de la mano de las autoridades usurpadoras, a instalarse ahora en nuestras costas patagónicas, con aval del Estado Nacional y del gobernador Alberto Weretilneck.
Por eso he solicitado la suspensión inmediata de la audiencia pública convocada para el 16 de septiembre, destinada a evaluar el Estudio de Impacto Ambiental del segundo buque licuefactor frente a Las Grutas. De ninguna manera puede aprobarse un Estudio presentado por compañías investigadas por violar la ley argentina. Primero debemos esclarecer estas irregularidades y garantizar que la ciudadanía que pueda participar plenamente, como lo ordena nuestra Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú.
La defensa de la soberanía no es un discurso vacío: se trata de hechos concretos. Y cada vez que se intente entregar nuestro territorio, nuestro mar o nuestros bienes naturales comunes a intereses extranjeros, estaré ahí para denunciarlo y resistirlo.
