La iniciativa del Poder Ejecutivo que obtuvo dictamen favorable por mayoría en la plenaria (Planificación, Asuntos Económicos y Turismo; Asuntos Constitucionales y Legislación General; y Presupuesto y Hacienda) propone reemplazar al EPRE y concentrar en el Ente Regulador de Servicios y Concesiones (ERSeC) la regulación de la electricidad, el agua potable y los desagües cloacales.
El proyecto de creación del Ente Regulador de Servicios y Concesiones (ERSeC) avanzó hoy en las comisiones de la Legislatura y quedó en condiciones de ser debatido en el recinto en la sesión del jueves. La iniciativa fue aprobada por mayoría, con el acompañamiento de los bloques Primero Río Negro, UCR, CC-ARI Cambiemos y Juntos Somos Río Negro, mientras que los bloques peronistas y Pro Unión Republicana solicitaron 48 horas para definir su posición.
Durante el tratamiento expuso el secretario de Energía Eléctrica de la provincia, Santiago Yanotti, quien defendió la creación de un regulador multisectorial como una herramienta para modernizar y hacer más eficiente el control de los servicios públicos.
Yanotti explicó que los contratos de concesión vigentes son anteriores a la reforma constitucional de 1994 y a la legislación de defensa del consumidor, mientras que los derechos de usuarios y consumidores adquirieron desde entonces un protagonismo creciente. En ese sentido, sostuvo que resulta necesario contar con un sistema de atención de reclamos unificado, con criterios comunes para los distintos servicios.
El funcionario planteó además que la unificación permitiría evitar la duplicación de estructuras administrativas, jurídicas y técnicas y fortalecer áreas específicas como la regulación tarifaria. También destacó la posibilidad de compartir información entre los servicios para mejorar los controles y anticipar problemas.
Uno de los ejemplos que mencionó fue la incorporación de herramientas de georreferenciación para controlar obras e inversiones de las empresas. Explicó que estas tecnologías permiten verificar en territorio y en tiempo real las obras declaradas por los prestadores, en lugar de limitar el control a la documentación presentada.
Yanotti sostuvo que el nuevo organismo también permitiría mejorar la atención de los usuarios en localidades alejadas. Puso como ejemplo a Valcheta, donde existen dificultades para acceder presencialmente al EPRE por las distancias: “No puede ser que una persona tenga que hacer 300 o 500 kilómetros para presentar un reclamo”, planteó al defender la incorporación de herramientas digitales.
El proyecto establece que el ERSeC tendrá autarquía, independencia funcional y presupuestaria y estará conducido por un Directorio de tres integrantes designados por el Poder Ejecutivo, con mandatos de cuatro años. Entre sus funciones estarán la regulación tarifaria, fiscalización, aplicación de sanciones, resolución de reclamos y controversias y control de las inversiones y condiciones de prestación.
Dudas y posiciones en el debate
El legislador de Vamos con Todos, Luciano Delgado Sempé, cuestionó el funcionamiento actual del EPRE y señaló que desde hace meses no funciona su línea telefónica de atención al usuario. Si bien consideró válida la idea de unificar los organismos, expresó dudas sobre la autonomía del nuevo ente, la designación de sus autoridades exclusivamente por el Poder Ejecutivo y la ausencia de representantes de los usuarios en el Directorio. También pidió que el proyecto sea discutido con cámaras empresarias, productores y usuarios.
En el mismo sentido, sunpar de bancada, Magdalena Odarda, reclamó mayor participación de las cámaras de productores y comerciantes y trasladó el pedido de prorrogar el tratamiento. Además, planteó interrogantes sobre la respuesta del EPRE ante cortes prolongados de electricidad en la Región Sur y sostuvo que el nuevo organismo debe garantizar una atención efectiva de los reclamos y la participación de los usuarios en el control.
El legislador Daniel Sanguinetti planteó dudas sobre el diseño institucional y tomó como antecedente la experiencia del ente regulador nacional creado para concentrar la regulación de gas y electricidad. También preguntó por la necesidad de un Directorio de tres integrantes y por el impacto de la tasa de inspección y control en pequeños prestadores, particularmente las juntas vecinales que administran redes de agua en Bariloche.
Fernando Frugoni, del bloque CC-ARI Cambiemos, consultó por la participación de la Legislatura en la designación de los directores, la situación laboral de los trabajadores del DPA, el costo de funcionamiento del nuevo organismo y el ahorro esperado por la unificación. También preguntó por la capacidad sancionatoria frente a los problemas de suministro eléctrico que afectan a localidades como Sierra Grande, Valcheta, Las Grutas y San Antonio Este.
La presidenta del bloque de la UCR, Lorena Matzen, valoró la separación entre las funciones de prestación y regulación en el nnuevoi ente y consideró que la iniciativa puede aportar mayor agilidad y mejorar la respuesta a los usuarios. Sus consultas estuvieron vinculadas con la forma en que se contemplarán las diferencias regionales en los indicadores de eficiencia, el período de transición y la fiscalización durante ese proceso.
El también integrante de la bancada radical, legislador Ariel Bernatene, planteó dudas sobre la constitucionalidad de transferir al nuevo ente funciones que actualmente ejerce el Departamento Provincial de Aguas (DPA), a partir de las previsiones de la Constitución provincial respecto de ese organismo. También pidió precisiones sobre la eventual incorporación de nuevos servicios a la órbita del ERSeC.
Por el bloque Pro Unión Republicana hablaron su presidente, Juan Martín, quien cuestionó que los tres directores sean designados directamente por el Poder Ejecutivo y propuso tomar como referencia el modelo del organismo regulador tucumano, que contempla la designación de las autoridades por parte del Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura. Por su parte, la legisladora Martina Lacour advirtió sobre una posible ampliación de la discrecionalidad del Ejecutivo y planteó interrogantes sobre la incorporación de nuevos servicios, el régimen de audiencias públicas, el cálculo de la tasa de inspección y la tasa complementaria, así como sobre los mecanismos previstos para evitar la captura regulatoria. En particular, cuestionó que los directores puedan ser reelegidos indefinidamente y que el proyecto no establezca mayores restricciones para quienes hayan trabajado previamente en empresas reguladas.
Finalmente, Leandro García, del bloque Partido Justicialista-Nuevo Encuentro, planteó una observación vinculada con la transparencia. Señaló que entre las funciones previstas actualmente para el EPRE figura la obligación de dar publicidad a sus decisiones y a los antecedentes técnicos y jurídicos que las fundamentan, mientras que esa previsión no aparece expresamente entre las competencias del nuevo ente.
