Por Pedro Pesatti (*)
Existe una verdad histórica que la polarización nos impide observar con todo su valor: el respeto por las ideas ajenas constituye el verdadero motor del progreso humano. En efecto, si los seres humanos hubiésemos carecido de la capacidad de producir y contrastar nuevas ideas —siempre bajo la amenaza de regímenes lo bastante poderosos como para acallar la disidencia—, probablemente seguiríamos picando las primeras piedras con las que iniciamos nuestro desarrollo tecnológico. Y es que quien piensa distinto resulta, en los momentos críticos, el mejor de los aliados, porque ocupa un ángulo de mirada diferente, e incluso opuesto. Desde esa perspectiva, el que piensa distinto tiene la capacidad invaluable de observar, en términos metafóricos, lo que tenemos a nuestras espaldas y de advertirnos sobre peligros que nuestros propios ojos no alcanzan a registrar. La Argentina de hoy, sin embargo, parece haber resuelto desoír esa máxima y entregarse a una peligrosa cancelación del disenso.
En tal sentido, el fenómeno encuentra en el presidente Javier Milei su expresión más visible, con un paroxismo que parece consustancial a cada una de sus conductas. Pero reducir el problema a una sola figura sería un diagnóstico insuficiente: él expresa el síntoma con mayor nitidez, pero la enfermedad lo supera, y allí reside lo verdaderamente grave. En nuestro país se ha naturalizado una concepción sombría del poder, aquella que lo identifica con la capacidad de silenciar voces, de comprar medios para gobernar la conversación pública y de imponer criterios atropellando el respeto, la verdad y la palabra empeñada. Hemos disociado el poder de las instituciones para asociarlo, casi como un hábito cultural, a las personas: asumimos con naturalidad que un gobernante someta las instituciones a su voluntad, empezando por el sistema judicial, donde fiscales y jueces quedan reducidos a meros funcionarios políticos del mandamás de turno.
Estas conductas ya trascienden a cualquier partido. Son el resultado de un deterioro generalizado de la democracia entendida en su acepción más profunda, porque la democracia es mucho más que un conjunto de reglas electorales: expresa un sistema de valores, de principios y de ideas. Hoy esos principios se advierten con cuentagotas y la condena social hacia quienes los vulneran resulta casi inexistente. Es la razón por la cual el diálogo fecundo se ha eclipsado, porque solo florece cuando el respeto por las ideas del otro y el valor de la palabra ocupan la centralidad que hoy se echa de menos.
En ese contexto adquiere pleno sentido el mensaje del arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva durante el Tedeum de este 25 de mayo. Comparto su diagnóstico sin reservas: “Basta de arengar la división y la polarización porque nadie se salva solo”, reclamó frente al propio presidente, y la advertencia nos interpela a todos. Nos falta, sostuvo, una clase dirigente que se anime al diálogo, al encuentro y a la reconciliación; y nos falta, en rigor, porque esa dirigencia ha sustituido la construcción de proyectos colectivos por la urgencia de proyectos de poder personal o de facción.
Quienes advertimos la gravedad de esta degradación tenemos el deber de decirlo con todas las letras: un país no puede quedar al servicio de las ambiciones de dos o tres personas, un fenómeno presente en todos los niveles del entramado nacional, provincial y local. La historia enseña, en esta dirección, que los liderazgos personalistas, para sostenerse en el tiempo, terminan tarde o temprano convertidos en empleados de intereses hegemónicos y, muy en particular en el contexto actual del país, es muy probable que lo terminen siendo de las grandes empresas extractivistas. El interés de esos actores por nuestros recursos naturales es tan transparente como el modelo que mejor les conviene para operar sin controles: una Argentina fragmentada, un archipiélago gobernado por pequeños dictadores en cada jurisdicción donde necesitan levantar sus enclaves, un territorio sin cohesión y, sobre todo, sin un proyecto de desarrollo que comprenda al conjunto social de la Nación.
Recuperar el valor de la palabra y la legitimidad de quien piensa distinto no es una aspiración ingenua ni romántica: es una estrategia pragmática para hacer del país un hogar para todos, sin excluidos, sin feudos ni enclaves.
(*) Vicegobernador de Río Negro
