La legisladora Ofelia Irene Stupenengo, acompañada por otros legisladores de la Provincia de Río Negro, presentó un proyecto de comunicación dirigido al Poder Ejecutivo Nacional con el objetivo de garantizar el cumplimiento efectivo de la gratuidad de pasajes para personas con discapacidad en el transporte de media y larga distancia. Este beneficio, regulado por la Ley Nacional N.º 22.431 y sus modificatorias, se ha visto afectado tras la implementación del Decreto Nacional 883/2024, según lo expuesto en el documento.
Fundamentos del proyecto
La Ley Nacional N.º 22.431 establece un sistema de protección integral para personas con discapacidad, que incluye, entre otros derechos, la gratuidad en el transporte terrestre para aquellos con Certificado Único de Discapacidad (CUD). Sin embargo, tras la derogación del Decreto 958/92 y su reemplazo por el Decreto 883/2024, se han registrado restricciones por parte de empresas de transporte que han limitado o eliminado el acceso gratuito a estos pasajes.
El proyecto señala que esta situación vulnera derechos fundamentales garantizados por la Constitución Nacional y las leyes vigentes, afectando directamente a personas que dependen del transporte para tratamientos, rehabilitaciones y diagnósticos médicos. También se resalta que la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) ha recibido numerosas denuncias y aplicado sanciones a empresas que incumplen con este derecho.
Articulado del proyecto
El texto propone:
Artículo 1º: Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de las áreas competentes, garantice el cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N.º 22.431 en cuanto a la obtención de pasajes gratuitos para personas con discapacidad.
Artículo 2º: De forma.
Contexto y relevancia
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas con Discapacidad (ANDIS), en el año 2020 se registraron 2.351 personas con CUD en la provincia de Río Negro. Para muchas de ellas, el acceso al transporte gratuito es fundamental para llevar adelante su tratamiento médico o su rehabilitación, contribuyendo a mejorar su calidad de vida e inclusión social.
El proyecto presentado subraya que garantizar estos derechos no solo es una obligación legal, sino también un compromiso ético con la igualdad de oportunidades y la inclusión. Asimismo, insta a las empresas de transporte a revisar sus prácticas y cumplir con las normativas vigentes.
Próximos pasos
El proyecto de comunicación se encuentra en etapa de análisis dentro de la Legislatura de Río Negro. Su eventual aprobación permitiría transmitir formalmente esta preocupación al Poder Ejecutivo Nacional y reforzar los derechos de las personas con discapacidad en el transporte público.
