Se trata de un proyecto legislativo orientado a establecer un marco normativo integral para la regulación del uso de dispositivos digitales personales, herramientas de inteligencia artificial y tecnologías emergentes en el sistema educativo de la Provincia de Río Negro.
El objetivo central de esta normativa es garantizar que la incorporación tecnológica contribuya de manera efectiva al derecho a una educación de calidad, fortaleciendo las trayectorias de los estudiantes y mejorando la convivencia escolar.
La iniciativa es impulsada por la legisladora Roberta Scavo (CC ARI), y la fundamenta en la necesidad de dar respuesta a la creciente digitalización de la vida cotidiana en las infancias y adolescencias.
Scavo propone prohibiciones comunes aplicables a todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial. En primer lugar, restringe estrictamente la captura, grabación, fotografía, reproducción o difusión de imágenes, audios o videos dentro de los establecimientos educativos si no se cuenta con autorización institucional y el debido consentimiento.
Además, veda expresamente el uso de cualquier dispositivo o tecnología digital para ejercer hostigamiento, acoso, intimidación, discriminación o afectación de derechos. En el ámbito académico, el articulado prohíbe emplear estas herramientas tecnológicas para falsear producciones, simular autorías o comprometer la integridad de las instancias de evaluación. Finalmente, se establece que no podrán utilizarse tecnologías emergentes si no existe la mediación institucional que exija la reglamentación correspondiente.
Además, la propuesta legislativa establece límites estrictos sobre el uso de la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes en el ámbito escolar, detallando una serie de prohibiciones claras. Específicamente, la normativa veda el uso de estas herramientas cuando sustituyan de manera generalizada e indiscriminada la producción intelectual de los estudiantes o cuando impidan a los docentes verificar los procesos reales de comprensión y aprendizaje.
Asimismo, no podrán ser utilizadas si vulneran la privacidad y la protección de datos personales, o si introducen sesgos discriminatorios sin la debida supervisión humana. Por último, el articulado prohíbe de manera categórica el empleo de estas tecnologías en caso de que afecten la validez de las evaluaciones y la integridad académica, o cuando sean utilizadas como un medio para hostigar, manipular o vulnerar los derechos de cualquier integrante de la comunidad educativa.
El texto oficial aclara la perspectiva del proyecto destacando que “no se trata de restringir el acceso a la tecnología, sino de ordenar su uso bajo criterios pedagógicos, éticos y de protección de derechos”.
Para lograr este ordenamiento, el articulado establece reglas claras según la edad de los alumnos. En los niveles Inicial y Primario, los estudiantes no podrán usar dispositivos digitales personales durante la jornada escolar, salvo situaciones excepcionales de salud, accesibilidad o actividades expresamente planificadas y supervisadas por el docente.
En el Nivel Secundario, los celulares solo podrán utilizarse en instancias de clase cuando el educador lo disponga con un fin puramente pedagógico. Además, la ley prevé la prohibición del uso de inteligencia artificial cuando estas herramientas “reemplacen de modo generalizado e indiscriminado la producción intelectual estudiantil” o impidan verificar los procesos reales de aprendizaje.
El proyecto se sustenta en informes de organizaciones internacionales como la UNESCO y la OCDE, los cuales advierten que el uso intensivo de dispositivos en el aula, sin orientación pedagógica, “se asocia con disminuciones en el rendimiento académico, especialmente en habilidades básicas como lectura y matemática”. Con este marco normativo provincial, se busca mitigar riesgos graves y actuales como la distracción áulica, la exposición a contenidos inapropiados y el ciberacoso.
