Quieren prohibir la desvinculación de inmuebles del sistema de riego provincial

La iniciativa busca garantizar el financiamiento de la infraestructura hídrica rionegrina frente al avance de los loteos urbanos. El texto establece la permanencia obligatoria como contribuyente para evitar la desfinanciación de los diversos consorcios administradores. La medida bloquearía la opción de abonar compensaciones económicas extraordinarias para retirar parcelas de las áreas irrigadas.

La sustentabilidad económica y operativa de los sistemas públicos de irrigación en Río Negro busca ser garantizada a través de una medida que impidiría la disminución de su base contributiva actual. 

La propuesta legislativa establece la permanencia obligatoria de todos los inmuebles ubicados en áreas servidas por los canales administrados por el Departamento Provincial de Aguas, independientemente de si las tierras sufren cambios de destino, subdivisiones o desarrollos inmobiliarios. De esta manera, se prohíbe legalmente la desvinculación de los terrenos mediante el pago de compensaciones, indemnizaciones o aportes extraordinarios.

El proyecto de ley fue elaborado por el legislador Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos). En sus fundamentos, el texto advierte sobre el reciente fenómeno de urbanización de chacras productivas para destinarlas a clubes de campo y barrios privados, un proceso del mercado que termina afectando a todo el sistema productivo. 

Actualmente, la reglamentación permite que estas propiedades se retiren de los Consorcios de Riego abonando un resarcimiento económico, lo que en la práctica significa la pérdida permanente de aportantes futuros. En el documento oficial, esta dinámica perjudicial se describe afirmando que “es pan para hoy y hambre para mañana”.

La red de canales posee características de una infraestructura integrada e indivisible, cuyos costos de limpieza, mantenimiento y modernización deben afrontarse anualmente, más allá de las variaciones que ocurran con el destino de los inmuebles. Los fundamentos destacan que los valles irrigados constituyen “una verdadera política de Estado sostenida durante más de un siglo mediante inversiones públicas”. 

En este sentido, la propuesta subraya la extrema dependencia económica de la región hacia este servicio e indica que “sin agua no existe producción posible en los valles rionegrinos”.