La iniciativa del Poder Ejecutivo busca regularizar el cobro de tasas retributivas en las Comisiones de Fomento para garantizar el financiamiento de servicios públicos esenciales. La norma fue aprobada por mayoría, con 40 votos a favor y 4 en contra.
La ley establece un esquema de cobro basado en Unidades Fijas (U.F.) —atadas al precio del litro de nafta súper de YPF en la capital provincial— que alcanzará tanto a servicios generales de limpieza y alumbrado como a las habilitaciones de actividades comerciales e industriales locales.
De acuerdo al texto de la ley, las tasas por servicios generales como barrido, recolección de residuos y alumbrado público tendrán un tope de hasta tres Unidades Fijas por contribuyente. En tanto, los comercios y prestadores de servicios locales afrontarán una tasa mensual que oscilará entre las 3 y las 40 U.F., calculada según el tamaño de la actividad y la capacidad contributiva.
Los fondos recaudados tendrán una afectación específica, destinándose exclusivamente a obras menores de infraestructura, mantenimiento de espacios públicos e higiene de cada paraje.
Durante su tratamiento en comisiones, se acordó duplicar el límite de protección originalmente propuesto por el Ejecutivo. Mientras que el texto original fijaba el beneficio para quienes percibieran hasta un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), la modificación final faculta a las Comisiones de Fomento a otorgar exenciones totales o parciales a aquellas personas cuyos ingresos sean inferiores a dos SMVM, blindando así a las familias más vulnerables de la estepa rionegrina frente al nuevo esquema tributario.
Como miembro informante del oficialismo, la legisladora Soraya Yauhar (JSRN) destacó que es “un proyecto de ley trabajado y muy esperado por las comisiones de fomento”. Explicó que la propuesta es “una herramienta adaptable a las 35 comisiones de fomento que tenemos en la provincia”. En sintonía, Ariel Bernatene (UCR) manifestó su apoyo al indicar que el texto “le brinda a las comisiones de fomento una herramienta concreta para sostener las distintas obligaciones”.
Por su parte, Carlos Valeri (JSRN) defendió la iniciativa. El parlamentario remarcó que las comisiones “se han transformado en minimunicipios” que sufren el desborde por el crecimiento turístico y productivo, por lo que resulta necesario regular las actividades para hacerles entender a los nuevos habitantes que “aquí no es que todo es gratis”.
A pesar del acompañamiento general, varios legisladores expresaron reparos sobre la implementación de las tasas. El legislador Fernando Frugoni (CC ARI) advirtió sobre la volatilidad de la unidad de medida adoptada. En tanto, Leandro García (PJ-NE) cuestionó el financiamiento de los parajes en un contexto de crisis y alertó sobre la posibilidad de que “esto no termine siendo que vecinos y vecinas… terminen costeando lo que debería costear el gobierno provincial”. Por su parte, Martina Lacour (PRO) apuntó contra la Subsecretaría de Comisiones de Fomento. La legisladora expuso que Villa Mascardi “está adeudando la presentación de los últimos tres balances” y reclamó “que la nueva recaudación no dé inicios sin mecanismos claros, públicos y verificables de fiscalización”.
El legislador Facundo López defendió el proyecto al destacar la constante presencia del Gobernador junto a los comisionados en el territorio. Detalló además mejoras en las localidades como el servicio de luz de 24 horas, gas gratis por garrafón, internet, tanques de agua y el repaso de caminos rurales. Aclaró que el Estado no desfinanciará a los parajes con estas tasas.
Ante las críticas por la falta de balances en Villa Mascardi, responsabilizó a la comisionada Laura Mesa (Cambia Río Negro) y exigió coherencia a la oposición. Explicó que los jefes locales son electos por voto popular desde 2010 y tienen la obligación legal primaria de rendir cuentas antes de las auditorías de la Subsecretaría.
La votación de la iniciativa legislativa cerró con un total de 40 votos afirmativos y cuatro negativos de Doctorovich, Ibarrolaza, Mc Kidd y Sanguinetti.
