Sierra Grande tendrá una Fiscalía Descentralizada y una Defensoría Penal

Sierra Grande incorporará una Fiscalía Descentralizada y una Defensoría Penal para fortalecer el servicio de Justicia y acompañar el crecimiento económico y poblacional previsto para los próximos años. La creación de ambos organismos fue aprobada este jueves en primera vuelta en el recinto legislativo.

La instalación de estos organismos constituye un antiguo reclamo de la comunidad. En 2010, la Legislatura ya había sancionado una ley que contemplaba la creación de una Fiscalía y una Defensoría descentralizadas en Sierra Grande, aunque la medida no llegó a implementarse.

La nueva normativa actualiza aquella disposición y la adapta a los cambios producidos en el sistema judicial rionegrino, especialmente desde la entrada en vigencia del actual Código Procesal Penal.

Entre los fundamentos también se menciona el crecimiento proyectado para Sierra Grande a partir de Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), la obra que conectará la Cuenca Neuquina con la futura terminal marítima de exportación de petróleo en Punta Colorada.

Los autores sostuvieron que las inversiones y oportunidades laborales vinculadas al proyecto energético modificarán el entramado económico y social de la región, por lo que resulta necesario anticipar una respuesta institucional adecuada.

La Fiscalía permitirá fortalecer la investigación y persecución de delitos con presencia permanente en la localidad. La Defensoría Penal, por su parte, garantizará el acceso a la defensa pública de las personas involucradas en procesos penales. El proyecto fue impulsado por Facundo López, Lucas Pica, Luis Noale, Aimé Kircher y Marcela Rossio.

Kircher (Juntos Somos Río Negro) afirmó que Sierra Grande atraviesa una transformación histórica y que ese desarrollo requiere un fortalecimiento de las instituciones del Estado, especialmente del sistema de justicia. “Durante muchos años Sierra Grande fue una ciudad que estuvo esperando muchas oportunidades, pero esa realidad hoy cambió”, expresó la legisladora, quien remarcó que el crecimiento urbano e industrial exige una respuesta acorde en materia institucional.

Kirchner respaldó la iniciativa con estadísticas aportadas por la Fiscalía Descentralizada de San Antonio Oeste. Indicó que, entre enero y la actualidad de 2026, Viedma registró alrededor de 2.800 legajos distribuidos en ocho fiscalías, con un promedio de 350 causas por cada una.

En contraste, explicó que la Fiscalía Descentralizada de San Antonio Oeste tramitó cerca de 1.590 legajos en el mismo período, una carga equivalente al trabajo de cuatro fiscalías y media. Además, destacó que aproximadamente el 40% de esos expedientes, más de 630 causas, corresponden a Sierra Grande y Playas Doradas.

“Solamente Sierra Grande y Playas Doradas generan una cantidad de trabajo superior al promedio que hoy tiene una fiscalía de la capital provincial”, señaló, y advirtió que esos números reflejan la situación actual, incluso antes del impacto pleno que tendrán los proyectos energéticos y portuarios.

Finalmente, afirmó que la creación de la nueva estructura judicial “no constituye un privilegio para Sierra Grande”, sino una decisión de planificación destinada a garantizar el acceso a la justicia en una ciudad que crece de manera acelerada.

Facundo López pidió no generar falsas expectativas: “La ley es el primer paso”
El presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, pidió “no generar expectativas” entre los vecinos de Sierra Grande respecto de una rápida implementación de la nueva estructura judicial. “Hoy vamos a sancionar una ley creando la fiscalía y la defensoría, pero no quiero generar expectativas de que, apenas aprobemos esta norma, ya haya un fiscal y un defensor trabajando en Sierra Grande”, afirmó.

El legislador explicó que, una vez promulgada la ley, comenzará el proceso de selección de los funcionarios judiciales, que incluye la inscripción de postulantes, la evaluación de antecedentes, los exámenes y la intervención del Consejo de la Magistratura para las designaciones correspondientes.

A ello, agregó, se suma la necesidad de contar con un edificio adecuado para el funcionamiento de la Fiscalía y la Defensoría, una tarea que, según indicó, ya está siendo gestionada por la intendenta Roxana Fernández junto al Poder Judicial y el Poder Ejecutivo.
López sostuvo que en otras épocas la Legislatura aprobaba la creación de juzgados sin contemplar los recursos humanos, presupuestarios y edilicios necesarios para que pudieran comenzar a funcionar.