Se trata de una iniciativa que crea un fondo con parte de los ingresos extraordinarios de los proyectos energéticos de exportación, destinado a becas, equipamiento e infraestructura. También fija porcentajes mínimos del gasto para el funcionamiento y para el ordenamiento de la planta docente y de apoyo.
Piso real, ajuste trimestral por IPC y remesas mensuales: ese es el esquema que plantea el proyecto para sostener al Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) con una partida propia dentro del Presupuesto provincial.
El texto lleva la firma de Daniel Belloso (PJ-NE), José Luis Berros (VcT), Alejandra Mas (PJ-NE), Fabián Pilquinao (VcT), Leandro García (PJ-NE), Luciano Delgado Sempé (VcT), Luis Ivancich (PJ-NE), Ayelén Spósito (VcT) y Magdalena Odarda (VcT).
Los autores sostienen que la autonomía del IUPA quedó “sin garantía material”, porque la Ley 3283 no fijó piso, actualización ni cronograma de transferencias. Recuerdan que en 2017 su presupuesto se redujo de $140.854.355 a $76.000.000.
El proyecto prohíbe toda reducción real o nominal interanual de la partida, salvo emergencia declarada por dos tercios de la Legislatura. Prevé, además, que los salarios docentes y no docentes se actualicen en un porcentaje no inferior al IPC.
La propuesta fija que el funcionamiento no baje del 10% de la partida y crea un ítem de Ordenamiento Institucional de al menos el 8% del rubro de personal. Según los fundamentos, alcanzar ambos pisos en 2027 demandaría unos $4.100 millones sobre el anteproyecto del Instituto, equivalentes al 0,12% del presupuesto provincial 2026.
El Fondo de Desarrollo Universitario se integraría con no menos del 5% de los ingresos extraordinarios que perciba la Provincia por proyectos energéticos de exportación, como el transporte de hidrocarburos y el gas natural licuado.
Para los legisladores, esa renta “debe volver a la provincia convertida en universidad, en arte y en conocimiento”. Aclaran que el fondo financiaría solo el desarrollo incremental y no reemplazaría la partida de base.
El proyecto contempla también la adhesión al Convenio Colectivo de Trabajo de las Universidades Nacionales, un fondo provincial de becas y la rendición ante el Tribunal de Cuentas, con publicación trimestral de la ejecución. Los autores afirman que el financiamiento garantizado y la institucionalidad democrática “son las dos caras del compromiso provincial con su universidad”.
