La iniciativa legislativa propone incorporar un adicional remunerativo específico para los agentes estatales que cuenten con formación de posgrado.
El proyecto plantea modificar el artículo 13 de la Ley 1.844 para crear una subclasificación en el agrupamiento profesional, la cual diferenciará de manera progresiva y proporcional las especializaciones, maestrías, doctorados y posdoctorados.
Los legisladores autores de la propuesta son Leandro García, Daniel Belloso, Luis Ivancich y Alejandra Mas (PJ-NE). En los fundamentos del documento señalan que la normativa vigente reconoce el nivel de posgrado, pero en la práctica le otorga un “tratamiento homogéneo a trayectorias académicas que, en la práctica, presentan diferencias sustanciales” en cuanto a su exigencia, carga horaria y profundidad de conocimientos.
Para los impulsores, esta situación genera una “inequidad objetiva”, subrayando que “no es razonable, desde una perspectiva de justicia distributiva ni desde los principios que rigen la carrera administrativa, equiparar formaciones que implican niveles de esfuerzo, dedicación y especialización significativamente distintos”.
El rediseño propuesto no altera la estructura escalafonaria ni las categorías vigentes de la carrera administrativa. El objetivo es brindar un reconocimiento económico extra, con la condición indispensable de que los títulos de posgrado estén reconocidos oficialmente por la CONEAU y guarden estrecha relación con las funciones que el agente desempeña en el Estado.
Por último, el proyecto advierte sobre el riesgo de no premiar la formación continua, lo que puede causar desmotivación y “favorecer la migración de profesionales hacia el sector privado o hacia otras jurisdicciones que ofrecen mejores condiciones”.
De esta forma, los legisladores argumentan que el adicional económico no debe ser visto como un gasto estatal, sino como “una inversión en capital humano, cuyos beneficios se traducen en mejoras en la eficiencia, la calidad y la efectividad de la acción estatal”.
