El texto modifica tres artículos del régimen vigente desde 2015 para las agentes públicas provinciales. Redefine qué se entiende por violencia, amplía el universo de personas comprendidas y flexibiliza la forma de acreditar la situación ante el empleador.
El régimen de licencia especial con goce de haberes para quienes sufren violencia de género en el empleo público rionegrino quedó pensado, desde su origen, para mujeres. Una propuesta plantea extenderlo a lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero e intersexuales, entre otras identidades y orientaciones.
La iniciativa fue presentada por los legisladores de PJ-Nuevo Encuentro Alejandra Mas, Daniel Belloso, Leandro García y Luis Ivancich. El proyecto modifica la Ley 5086, sancionada en 2015.
En los fundamentos, los autores sostienen que esa norma “constituyó un importante avance” en la protección de las mujeres. Aclaran que la reforma no desconoce “el carácter específico de la violencia ejercida contra las mujeres”.
El texto sustituye los artículos 1, 2 y 3. Establece que el régimen alcanza a agentes del sector público provincial víctimas de violencia por razones de género, orientación sexual, identidad o expresión de género, o características sexuales.
La definición de violencia incluye la ejercida de manera directa o indirecta, en el ámbito público o privado. También contempla la perpetrada desde el Estado o por sus agentes.
En cuanto al procedimiento, la licencia entra en vigencia con la mera invocación ante la autoridad correspondiente. Dentro de las 48 horas, la persona debe presentar un certificado de denuncia o una certificación de servicios de asistencia a víctimas.
Para los casos de violencia, hostigamiento o discriminación por orientación sexual o identidad de género, el proyecto prevé certificaciones de organismos o instituciones especializadas. En esos casos no sería obligatorio denunciar cuando eso implique un riesgo o pueda revictimizar.
Los autores apoyan la propuesta en la Opinión Consultiva OC-24/17 de la Corte Interamericana, los Principios de Yogyakarta y la Ley nacional de Identidad de Género. Afirman que “ampliar derechos significa reconocer nuevas realidades”.
Con esta modificación, las personas del colectivo LGBTIQ+ que trabajan en el Estado provincial podrían justificar sus inasistencias. Según los fundamentos, así no tendrían que “elegir entre preservar su integridad psicofísico y conservar su fuente laboral”.
