*Por Pedro Pesatti //
Hay una imagen que condensa, mejor que cualquier estadística, el país que este gobierno nos está dejando. Es la imagen del jubilado que, a fin de mes, calcula con lápiz y papel cuántos de sus remedios podrá comprar y cuántos deberá postergar, qué servicio pagará y cuál quedará impago, o a qué otra pequeña costumbre de su vida tendrá que abandonar como viene haciendo mes a mes. Esa aritmética del descarte, repetida en millones de hogares, es la verdadera radiografía de nuestra economía y constituye la deuda más urgente que deberá saldar el gobierno que suceda al de Milei.
Por eso afirmamos, como punto de partida y no como aspiración lejana, que la primera prioridad de la política del futuro será devolverles a nuestros adultos mayores aquello que el presente les arrebató con el ajuste más grande de la historia de la humanidad.
En esa dirección, recuperar el poder adquisitivo licuado durante estos años debe ser el punto de partida. Bajo la misma lógica, garantizar el acceso gratuito a los medicamentos no constituye un gesto de caridad sino el reconocimiento explícito de un derecho, del mismo modo que restituir el pleno funcionamiento del PAMI y de todos los programas de protección a la vejez no es un lujo sino una obligación elemental del Estado. A ello debe sumarse una premisa que ordena todo lo anterior, la cual exige servicios públicos con tarifas sensiblemente menores que en ningún caso comprometan más del diez por ciento del haber jubilatorio. Quien dedicó su vida entera al trabajo tiene el derecho inalienable a que la luz, el gas, el agua y el transporte ocupen una porción mínima de su ingreso, y no la mayor parte de él.
Esa agenda persigue un fin que excede lo económico, orientado a devolverles una cuota de dignidad a quienes la merecen por entero y a aliviar, al mismo tiempo, a las familias que hoy destinan lo que no les sobra para sostener a sus padres, en una cadena de sacrificios que empobrece a dos generaciones a la vez. Cuando el Estado abandona al anciano, no lo abandona solo a él, sino que traslada la carga a sus hijos y a sus nietos, transformando en deber privado lo que debería ser una garantía colectiva.
Planteado este horizonte, la pregunta se vuelve inevitable. Si el Congreso se dispone a votar el Súper RIGI que Milei anunció desde el avión presidencial bajo la grandilocuente metáfora de una “mega bomba” arrojada sobre la economía nacional, es más urgente que nunca exigir un Súper RIGI para los jubilados. Porque la seguridad jurídica, ese pilar que el discurso oficial invoca como condición incuestionable del crecimiento, debe ser igual para todos. No puede haber certezas por treinta años para un puñado de corporaciones y volatilidad permanente para quienes culminaron su ciclo productivo.
La seguridad jurídica, entendida tradicionalmente como la certeza sobre la aplicación de las leyes sin arbitrariedades, se erige hoy como el argumento central para atraer inversión y promover el crecimiento económico. Bajo esa fachada de estabilidad y previsibilidad se oculta, sin embargo, una realidad profundamente asimétrica, dado que esa certeza, lejos de constituir un bien universal, se reserva para una minoría mientras la mayoría queda expuesta a la incertidumbre. Esa protección debería amparar por igual al gran inversor y al empresario pyme, al productor de las economías regionales, al docente universitario, al trabajador informal, al joven emprendedor y, sobre todo, al jubilado, cuyo sustento depende por completo de un marco legal que en la Argentina cambia con cada gobierno.
El proyecto ya remitido al Congreso lleva el privilegio a una escala inédita, ya que reduce la alícuota del Impuesto a las Ganancias al quince por ciento, exime por completo de derechos de exportación e importación, prolonga la protección por treinta años y autoriza que las disputas con el Estado argentino se diriman fuera del país y sin árbitros nacionales. La sola enumeración basta para comprender su sentido profundo. No se trata ya de atraer inversiones, sino de erigir un orden jurídico paralelo, blindado y sustraído al orden constitucional, en el que unas pocas corporaciones gozarán de privilegios que ningún ciudadano argentino conoce ni conocerá. La metáfora bélica utilizada por Milei revela el espíritu del proyecto, pues aquello que se entrega al gran capital se arroja como una bomba sobre el resto de la sociedad, y en primer lugar sobre los más indefensos.
Esa desigualdad resulta particularmente visible en el sistema previsional. Mientras se garantiza estabilidad legal a los grandes capitales por hasta treinta años, el régimen de jubilaciones, según demuestra la historia reciente, ha sido objeto de reformas incesantes. La seguridad que se le niega al trabajador que culmina su vida productiva es la misma que se solidifica en beneficio del gran capital. De ahí que la pregunta se multiplique. ¿Dónde está el Súper RIGI para los jubilados, que ven licuado mes a mes su haber por reformas que jamás respetan la previsibilidad garantizada al inversor extranjero? ¿Dónde está el Súper RIGI para las personas con discapacidad, cuyas pensiones, prestaciones y tratamientos se discuten, recortan y demoran sin que ningún régimen especial les asegure estabilidad? ¿Dónde está el Súper RIGI para los enfermos, que dependen de medicamentos cuya cobertura se desfonda, de hospitales que se desfinancian y de obras sociales que se desploman, sin que se les ofrezca siquiera el quince por ciento de la protección prometida a una corporación que aún no ha desembarcado en el país? El gobierno de Milei se declara incapaz de sostener a los ancianos, a los discapacitados y a los enfermos, pero descubre de inmediato los recursos jurídicos, fiscales y constitucionales para proteger a quien promete invertir en sectores que, en palabras del propio Presidente, “nunca han existido en Argentina”. La asimetría es brutal, porque se garantiza por tres décadas a lo inexistente lo que se le niega cotidianamente a lo más concreto y vulnerable que tenemos a nuestro lado.
A la desigualdad legal se suma la desigualdad fiscal. La noción de que los más ricos sostienen el Estado ha sido, históricamente, una falacia. Hasta la Revolución Francesa, solo la burguesía y el campesinado tributaban, en tanto la nobleza y el clero se servían del Estado sin contribuir a su sustento. En ese contexto, la toma de la Bastilla marcó el punto de inflexión que obligó a los poderosos a pagar. En el siglo XXI, las grandes corporaciones recurren a la “optimización” fiscal para eludir sus responsabilidades y minan la cohesión social, mientras en la Argentina el tributo más significativo, el IVA, es regresivo y castiga a los sectores de menores ingresos. De este modo, el mismo jubilado al que se le niega la protección de un régimen especial financia, con cada compra, al gobierno que lo desampara.
Concebir la seguridad jurídica como un derecho exclusivo es una estrategia peligrosa, ya que petrifica las normas en beneficio de unos pocos y deja al resto a merced de la incertidumbre. Ante una emergencia nacional —como una catástrofe sanitaria o una crisis económica—, los sectores del RIGI quedarán eximidos de contribuir y trasladarán toda la carga a quienes carecen de esas protecciones. La historia argentina ofrece ejemplos contundentes de esta dinámica, tales como el “corralito”, que resguardó a los bancos mientras perjudicaba a los ahorristas, o la ley especial de Industrias Culturales, que salvó a un gran grupo económico de la debacle. Cuando la seguridad jurídica no es universal, se transforma en un privilegio que profundiza la desigualdad. Si los grupos hegemónicos persisten en convertir el país en un mero enclave —y el Súper RIGI constituye la confesión más reciente y elocuente de esa pretensión—, la injusticia en el reparto de las cargas provocará, tarde o temprano, su propia Bastilla.
Existe, sin embargo, una vía más sostenible. La verdadera atracción de inversiones no reside en la concesión de privilegios, sino en la construcción de un país genuinamente justo, capaz de tratar con idéntica certeza al capital que llega de afuera y al anciano que ya entregó su vida a la producción y al trabajo. Por eso, el gobierno que suceda al actual deberá empezar por allí, poniendo a los jubilados en el centro a través de la recuperación de su poder adquisitivo como primer acto de reparación, garantizándoles los medicamentos gratuitos, el PAMI en pleno funcionamiento y servicios públicos que jamás devoren más del diez por ciento de su haber. Mientras tanto, si el Congreso se apresta a sancionar un Súper RIGI para un puñado de corporaciones, resulta imperioso que sancione antes, o al menos con igual urgencia, un Súper RIGI para los jubilados. Porque el mayor incentivo para el capital y para la sociedad no es un régimen de excepción, sino un marco legal que garantice equidad para todos, con instituciones fuertes que respondan únicamente ante la Constitución y la ley de los argentinos. La seguridad jurídica, si ha de ser verdadera, debe ser igual para todos, ya que, de lo contrario, la proliferación de regímenes de privilegio no hace más que desnaturalizar el estado de derecho.
