El proyecto crea una Unidad Fiscal especializada y fija prioridades de persecución penal en la materia. Los autores sostienen que la provincia debe actuar ante la demora y la sobrecarga del fuero federal. Prevé una aplicación gradual y el pedido de recursos a Nación para sostener el cambio.
La iniciativa propone que la investigación y el juzgamiento de la venta minorista de drogas y de la tenencia para consumo personal pasen de la Justicia Federal a la provincial.
La iniciativa lleva la firma de María Laura Frei (PRO) y Juan Martín (PRO). Plantean adherir al artículo 34 de la Ley Nacional 23.737, conforme a la modificación introducida por la Ley 26.052.
El texto establece que la provincia asume la competencia sobre “los delitos cuya competencia haya sido transferida a las jurisdicciones provinciales”.
Los fundamentos aclaran que la adhesión no alcanza a todo el narcotráfico, sino a “aquellas figuras y supuestos expresamente comprendidos” en el régimen.
El proyecto crea la Unidad Temática Fiscal Especializada en Microtráfico, dentro del Ministerio Público Fiscal. Entre sus funciones figuran elaborar estrategias de persecución penal y protocolos para investigar búnkeres y aguantaderos. Su organización queda en manos de las autoridades del organismo.
Para la persecución penal, la propuesta enumera casos que el Ministerio Público Fiscal podrá priorizar: la venta en espacios públicos, el uso de armas de fuego y la captación de menores o personas vulnerables.
En lo económico, el Ejecutivo provincial debe requerir a Nación las transferencias de créditos previstas en la Ley 26.052. Hasta que lleguen, realizará adecuaciones presupuestarias. El texto destina a seguridad, investigación y asistencia de adicciones las multas y los bienes decomisados que correspondan a la provincia.
Los autores señalan como una de las principales preocupaciones “la sobrecarga del sistema federal y la demora con la que a veces intervienen en denuncias”.
Frei y Martín recuerdan que Buenos Aires adhirió en 2005 y que luego lo hicieron, entre otras, Córdoba, Santa Fe, Neuquén y la Ciudad de Buenos Aires. Afirman que la adhesión permitirá abordar el microtráfico desde “una perspectiva coordinada, territorial y respetuosa de las garantías constitucionales”.
