El proyecto presentado en la Legislatura propone crear un registro provincial, definir un esquema de sanciones y capacitación obligatoria, y establecer que la habilitación pertenezca a la persona y no a la empresa. Además, incorpora a la seguridad interna con personal propio y remite al ámbito nacional lo relativo a las armas de fuego. Los fundamentos sostienen que la actividad convive desde hace más de dos décadas con una “anomalía normativa y administrativa”.
Vigiladores, empresas de alarmas, transporte de caudales y servicios de seguridad interna dependen hoy de un entramado de disposiciones que, según se señala en el texto, mezcla regímenes jurídicos de distintas épocas. La iniciativa plantea reemplazarlo por un régimen único para toda la prestación de seguridad privada en la provincia.
La propuesta es de la legisladora Martina Lacour. Los fundamentos sostienen que la ley 2678, de 1993, fue derogada por la ley S 3608, pero que la falta de reglamentación integral de esta última generó una situación distinta: los trámites siguieron rigiéndose por el decreto 989/1994 y por la resolución 725/2002.
Según la autora, la propia Policía de Río Negro continúa publicando esas normas como marco operativo y mantiene formularios que remiten a la ley derogada. Los fundamentos agregan que la justicia provincial advirtió esa tensión en un amparo vinculado a una habilitación.
El proyecto crea el Registro Provincial de Seguridad Privada, donde deberán inscribirse prestadores, directores técnicos, supervisores, vigiladores y personal de seguridad interna. Las habilitaciones tendrían una vigencia de hasta tres años, y la credencial pertenecería a la persona, con posibilidad de usarse con distintos empleadores habilitados.
En materia de antecedentes, el texto establece que “la existencia de una investigación penal o proceso judicial en trámite no constituye por sí sola causal de inhabilitación”. Los fundamentos explican que la presunción de inocencia exige que las restricciones se basen en condenas firmes o en incompatibilidades objetivas con la función.
La iniciativa prohíbe a prestadores y personal, entre otras conductas, arrogarse funciones de autoridades públicas, interrogar personas sospechosas o ingresar a domicilios sin consentimiento. También dispone que la seguridad privada no adquiere facultades adicionales para usar la fuerza física.
Sobre las armas, el texto remite a la legislación nacional y aclara que la habilitación provincial “no sustituye ni amplía ninguna autorización nacional”. Para los servicios de monitoreo, exige una verificación previa de las alarmas antes de solicitar intervención policial, salvo emergencia manifiesta, con el fin de reducir falsas alarmas.
El régimen sancionatorio prevé multas de 10 a 500 unidades de multa, equivalentes al valor del punto policial. También contempla suspensiones de hasta un año, cancelación de la habilitación e inhabilitación de hasta cinco años. Los montos de las tasas, en tanto, deberían fijarse por la Ley Impositiva Anual y no por la autoridad administrativa.
Una vez vigente, el proyecto derogaría la ley S 3608 y mantendría las disposiciones de la ley S 5623, sobre cámaras de vigilancia. Los prestadores en actividad tendrían 180 días desde la reglamentación para adecuarse, y el Poder Ejecutivo contaría con 120 días para reglamentar.
Lacour sostiene que la seguridad privada “cumple una función complementaria relevante”, pero no sustituye la responsabilidad indelegable del Estado en seguridad pública. Por eso, afirma, la actualización busca ofrecer “un marco simple, exigible y compatible con el ordenamiento jurídico vigente”.
